El Gobierno central ha iniciado un proceso contencioso-administrativo para reclamar al Ayuntamiento de Zierbena la titularidad de 7.994 metros cuadrados, ubicados en las inmediaciones del antiguo camping de La Arena y en el entorno del camino Kardeo. Se da la circunstancia de que el Consistorio proyecta construir un centenar de viviendas repartidas entre ambas áreas. Concretamente, en la primera zona está previsto edificar 39 viviendas de lujo, unifamiliares y bifamiliares, mientras que en el solar anexo se levantarán 64 pisos privados.
En cualquier caso, los responsables municipales aseguran que el desarrollo del litigio no afectará a la obra. Y es que, si finalmente se reconoce la propiedad del Estado sobre esos terrenos, la única consecuencia sería que el Gobierno «se convertiría en cobeneficiario de parte de las ganancias que se deriven de la operación inmobiliaria».
Pero, ¿cómo pueden surgir dudas a estas alturas sobre la titularidad de los terrenos? El Ayuntamiento asegura que antes de ultimar el proyecto de reparcelación de la zona, que suma 60.000 metros cuadrados, particulares demostraron, mediante sus escrituras, la propiedad del «100%» de los terrenos. Ningún documento sugería que el Estado fuese titular de esos casi 8.000 metros cuadrados. Pero todo tiene explicación, aunque haya que remontarse a 1923 para dar con ella. No en vano, los responsables municipales califican la pugna de «extemporánea».
Un proceso «extraño»
Hace ya más de 85 años el Ejecutivo español fijó esa parcela de 60.000 metros cuadrados como zona de dominio de Costas a través de un acta de incautación. A partir de ahí, el área se dividió en porciones de terreno separadas por viales que fueron vendidas a particulares. Ya en 1963, el Gobierno anuló todas esas escrituras individuales anteriores e inscribió en el registro de la propiedad todos los terrenos a su nombre, por lo que éstos fueron expropiados a sus propietarios. Cuatro años más tarde, la administración inició un proceso «extraño», que le llevó a volver a vender las parcelas a sus anteriores titulares.
Tras dichas transacciones, al Estado le sobraban 8.000 metros cuadrados de terreno que quería destinar a viales y aparcamientos. Propuso cedérselos al Ayuntamiento de Abanto si se comprometía a urbanizarlos. Sin embargo, el Consistorio se negó, porque «no veía las ventajas de la operación», y aquella cesión nunca llegó a materializarse.
Así las cosas, buena parte de los terrenos siguen 'de facto' en manos de particulares, pero el Ministerio de Medio Ambiente entiende que esos 8.000 metros cuadrados que hubiesen ocupado los viales que nunca llegaron a ejecutarse y los parkings que jamás se construyeron aún son de su propiedad. Todo pese a que desde 1978 esos equipamientos «ya no aparecen» sobre el plano, defienden los responsables municipales
ESTO HUELE A MIERDA........MARCELINO
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