Medidas contra la corrupción
El Gobierno vasco endurecerá el control del patrimonio de los cargos públicos
El envío del anteproyecto de ley a las instituciones ha coincidido con el polémico 'caso Jauregi'El Gobierno vasco endurecerá el control del patrimonio de los cargos públicos
El Gobierno vasco tiene listo ya un anteproyecto de ley que regula los «principios de actuación y conducta» de los cargos públicos de la Administración vasca y les obliga, entre otras cosas, no sólo a hacer una exhaustiva declaración de su patrimonio tras la toma de posesión y hasta dos años después del cese, sino también a dar cuenta ante un registro oficial de las actividades públicas y privadas que desempeñen durante los dos años anteriores y posteriores a su nombramiento,
algo que actualmente no están obligados a hacer.El Ejecutivo ha remitido ya el texto, al que ha tenido acceso este periódico, a los diferentes departamentos del Gobierno, a las Diputaciones forales, a los Ayuntamientos y a Eudel, ya que el anteproyecto actualiza asimismo la vigente Ley de Incompatibilidades y, en caso de ser aprobado, afectaría, por lo tanto, a todos los funcionarios públicos. El envío del documento a las instituciones vascas -para que pase la preceptiva fase de consultas antes de ser aprobado en Consejo de Gobierno-, coincidió en el tiempo con el estallido del 'caso Jauregi', que salió a la luz pública el lunes de la semana pasada y que el PNV dio por cerrado el sábado con el apoyo de la asamblea nacional del partido a su candidato a diputado foral de Guipúzcoa.
El aspirante jeltzale habría ocultado a Hacienda dos de sus seis viviendas en propiedad, además de haber trabajado supuestamente en dos empresas que prestan servicio a la Administración vasca y sobre cuyos proyectos debería decidir la Diputación que Jon Jauregi aspira a presidir. El también miembro del Gipuzku buru batzar del PNV, controlado por Joseba Egibar, aportó documentación fiscal ante una comisión interna del partido -que finalmente se dio por satisfecho con sus explicaciones y consideró cerrado el caso-, aunque no presentó públicamente la declaración de la renta correspondiente a 2005, el único documento que podría despejar con nitidez las dudas sobre el supuesto fraude difundido por la cadena 'Ser'.
Con estos antecedentes, los socialistas guipuzcoanos condicionaron el lunes cualquier pacto de gobierno con otros partidos tras las elecciones municipales y forales de mayo a que los candidatos hagan una declaración de sus bienes antes y después de la legislatura. El compromiso del candidato foral del PSE de Guipúzcoa, Miguel Buen, llegó acompañado de una exigencia de mayor transparencia al PNV en el 'caso Jauregi', al considerar que el aspirante sólo ha rendido cuentas ante su formación política y no ante la sociedad y que su patrimonio, que «no ha negado», parece «mucho» en relación a los ingresos anuales declarados, que no superaban los 60.000 euros brutos.
Aunque el Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno vasco comenzó a elaborar el anteproyecto de ley meses antes -a raíz de un mandato parlamentario de 2006 para actualizar la Ley de Incompatibilidades- lo cierto es que el endurecimiento del control del patrimonio de los electos y personal administrativo auspiciado por el tripartito PNV-EA-EB no dejaría de tener un efecto ejemplarizante, por extensión, sobre todos los cargos públicos, incluidos los forales y municipales aunque no estén directamente afectados por la ley.
«Nuevas cautelas»
De hecho, en la exposición de motivos para justificar la elaboración del anteproyecto se alude a la necesidad de introducir «nuevas exigencias y cautelas» que eviten en el futuro «situaciones que pongan en riesgo la objetividad, imparcialidad e independencia de los cargos públicos» y que, por el contrario, ayuden a reforzar la buena imagen que «como servidores públicos deben ofrecer ante los ciudadanos». Asimismo, los redactores del anteproyecto aluden a la «demanda social de mayor transparencia en la actividad pública» y a la conveniencia de modificar algunos aspectos de su régimen jurídico para reforzar su independencia y la dedicación exclusiva a sus funciones. La delimitación de las incompatibilidades fue exigida también insistentemente por el PSE en la Cámara vasca,
tras conocerse que el entonces director de Inmigración del Gobierno vasco, Omer Oke, había puesto en marcha la franquicia de una agencia de viajes en Bilbao siete meses antes de dejar sus responsabilidades en el Ejecutivo.
El texto se divide en cuatro capítulos, uno de ellos dedicado íntegramente a detallar la obligación de los cargos públicos de dar cuenta ante el Registro de Actividades y de Derechos y Bienes Patrimoniales de todos sus bienes, así como de sus ocupaciones laborales antes y después de acceder al puesto de responsabilidad, para fiscalizar así posibles incompatibilidades. La nueva normativa se aplicaría al lehendakari y demás miembros del Gobierno, a los altos cargos de la Administración vasca, a los directores de Osakidetza y EiTB, a los defensores de la infancia y de la igualdad entre hombres y mujeres y a todos los cargos directivos de entes públicos de derecho privado y de sociedades, fundaciones y consorcios pertenecientes al sector público.
En el decreto de 1999 que hasta la fecha regula estas obligaciones, se estipula como preceptiva la declaración de bienes sólo si el afectado es titular de «conciertos de prestación de servicios» o tiene una participación superior al 10% en entidades que tengan convenios con la Administración vasca. La titularidad de otros bienes, activos financieros y partipaciones societarias se contempla con carácter «voluntario», igual que la posibilidad de adjuntar la última declaración de la renta del cargo público y su cónyuge. La presentación del IRPF sigue siendo voluntaria en la nueva normativa, pero se delimita con mayor precisión el patrimonio que debe hacerse constar. Se exige que los cargos públicos declaren en el registro todos sus bienes, incluidos valores y activos financieros negociables y sociedades en las que tengan intereses ellos o sus familiares directos: cónyuge, pareja de hecho, hijos dependientes y personas tuteladas. Además, el plazo para declarar se acorta en la nueva normativa: si antes se daban tres meses ahora sólo se dispone de uno.
Asimismo, el anteproyecto obliga a todos los cargos a declarar qué actividad desempeñan en el momento de su nombramiento, cuál han ejercido en los dos años anteriores y cuál piensan ejercer en los dos años siguientes a dejar el puesto de responsabilidad «con carácter previo a su inicio». Como se viene haciendo también ahora, el Gobierno facilitará cada seis meses al Parlamento información detallada sobre los posibles infractores.
Fuente:
www.elcorreodigital.com
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